GOBIERNO FORMALIZA AJUSTES A POLÍTICA MIGRATORIA

Por: Rafael Rodríguez

El Gobierno de la República de Panamá comenzó a implementar a partir de hoy nuevas medidas migratorias.

Mediante el Decreto Ejecutivo 269 de 2017, firmado por el presidente de la República, Juan Carlos Varela, y el ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt Yau se reduce a 90 días el tiempo de estadía como turista dentro del territorio nacional a extranjeros de nacionalidad colombiana, nicaragüense y venezolana.

Adicionalmente, a partir de hoy queda cerrado el Pre-registro de solicitudes nuevas de regularización extraordinaria de ciudadanos extranjeros derivadas del Decreto Ejecutivo 167 de 2016.

Las solicitudes que han sido recibidas a la luz de este Decreto serán revisadas con detenimiento para determinar quienes cumplen los requisitos establecidos para ser regularizados.

Una vez cerrado el Pre-registro, quedarán suspendidas todas las regularizaciones extraordinarias. En consecuencia, los extranjeros que ingresen al país deberán mantener su condición de turistas o acogerse al resto de las categorías migratorias ordinarias que establece el Decreto Ley 3 de 2008.

El Ministerio de Seguridad Pública reitera que a través del Servicio Nacional de Migración continuará aplicando con rigor la legislación migratoria incluyendo la deportación, expulsión o devolución de todos aquellos extranjeros que infrinjan las leyes del país.

En cumplimiento de las leyes migratorias, bajo la presente administración 7,877 personas han sido deportadas, expulsadas o retornadas y con base en los diferentes acuerdos de intercambio de información de seguridad, inteligencia y alertas migratorias que la República de Panamá mantiene vigentes con otros Estados, 32,283 viajeros han sido devueltos a sus países de origen, impidiéndoles el ingreso al país o su tránsito por Panamá a través de los diferentes puntos de control migratorio.

Por otro lado, el Gobierno de Panamá comunica que a través del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se continuarán realizando operativos a nivel nacional para asegurar la correcta aplicación de la normativa laboral.