Paso Canoas, 23 de septiembre de 2016.
El área fronteriza de Paso Canoas, fue el escenario de la cuarta caminata para conmemorar el mes de la prevención del Delito de la Trata de Personas, cuyo punto de encuentro fue la Escuela Básica General de esta comunidad, en el lado panameño.
El evento fue organizado por la Comisión Permanente para la Protección y Asistencia a Migrantes en Condición de Vulnerabilidad (COPPAMI), con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
El Servicio Nacional de Migración (SNM), entidades públicas de Panamá y Costa Rica; y representantes de la sociedad civil organizada, integran esta comisión permanente desde julio del año 2013. A partir de este año, la COPPAMI se integró como Unidad Técnica Ejecutora Binacional (UTEB) del Convenio para el Desarrollo Fronterizo.
En la república de Panamá la Ley 79 de noviembre de 2011, tipifica el delito de la trata de personas y actividades conexas en todas sus modalidades.
Dentro de sus disposiciones generales la ley adopta medidas para la prevención de la victimización, re-victimización, protección y asistencia a los (as) afectados (as) y posibles víctimas de trata de personas, nacionales o extranjeras (os).
La ley 79 establece penas entre 25 a 30 años de cárcel, a quienes cometan este tipo de delito; conocido como la esclavitud del siglo XXI.
Informes de la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado del Ministerio Público detallan, que en nuestro país 72 personas de diferentes nacionalidades, han sido rescatadas de este flagelo en lo que va del 2016. Además se han desarticulado (06) seis redes de Tratas de Personas y unos (09) nueve tratantes están bajo recaudo de las autoridades competentes.
Por el SNM, encabezó la delegación el comisionado Alfredo Córdoba, jefe regional de Migración en la provincia de Chiriquí, junto a los colaboradores de la sede regional y los diferentes puestos de control migratorio.
La actividad interinstitucional contó con la presencia de Rodrigo García, secretario general de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas; Sandra Chaves, representante de la Coalición contra la Trata y Tráfico Ilícito de Personas de Costa Rica, Víctor Medina, secretario del Convenio para el Desarrollo Fronterizo por Panamá (MEF-MIDEPLAN), miembros del cuerpo diplomático y consular de ambos países; y autoridades nacionales y provinciales.
El encuentro finalizó con un acto cultural de los estudiantes de los centros educativos de la comunidad fronteriza, en el gimnasio de la escuela Líder de Paso Canoas, en el sector costarricense.
El Servicio Nacional de Migración (SNM), le informa a la ciudadanía en general que debido a los trabajos de construcción de la futura área de patios y talleres de la Línea Uno del Metro de Panamá, el Albergue Masculino que se encontraba localizado próximo al Ministerio de Obras Públicas en el corregimiento de Ancón, ha sido movilizado a unos 500 metros, específicamente al sector de Llanos de Curundú.
Javier Carrillo, director general del SNM, indicó que en el albergue masculino la población existente no representa ningún peligro y mucho menos amenazas para la sana convivencia en el país.
“Cada extranjero retenido por nuestros inspectores o autoridad de seguridad pública obedece estrictamente al incumplimiento de la normas migratorias contempladas en el Decreto Ley Nº3 de 22 de febrero de 2008, reglamentado por el Decreto Nº 320 de 8 de agosto del mismo año”, apuntó Carrillo.
Los extranjeros que se encuentran en el albergue masculino están retenidos por encontrarse en el territorio nacional de manera ilegal, no por haber cometido algún delito o faltas administrativas.
El albergue masculino cuenta con las condiciones necesarias para que los extranjeros retenidos puedan permanecer un tiempo perentorio, mientras la Institución realiza los trámites necesarios para la debida deportación a su país de origen, respetando en todo momento los derechos humanos de cada ciudadano.
La institución migratoria, registra, fiscaliza y presta un servicio a los extranjeros, velando por el control efectivo de su estadía en el país, dentro de los límites que establece el Decreto Ley Nº3 de 22 de febrero de 2008.